la tercera Misión Internacional sobre el Derecho a la Alimentación y la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, que se realizó del 21 de noviembre al 3 de diciembre de 2014

En el marco de la tercera Misión Internacional sobre el Derecho a la Alimentación y la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, que se realizó del 21 de noviembre al 3 de diciembre de 2014, se visitaron seis casos emblemáticos de violaciones al derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición (DAA), y se sostuvieron reuniones con entidades estatales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. La Misión presenta los siguientes hallazgos preliminares:

Con respecto a la Misión anterior, celebramos el dictamen de las sentencias de abril y mayo de 2013 que reconocen la violación del derecho a la alimentación de cinco niños y niñas en el municipio de Camotán, Chiquimula. Esto representa un avance en la justiciabilidad del derecho a la alimentación en Guatemala y marca un hito en Centroamérica. Sin embargo, la Misión observa con preocupación la demora en el cumplimiento de la sentencia y la interposición de amparos por parte de varias instituciones del Estado. Recordamos al Estado de Guatemala sus obligaciones constitucionales e internacionales de derechos humanos adquiridas de buena fe, en particular de reparar integralmente a las víctimas de violaciones.

Notamos con profunda inquietud que Guatemala continúa ocupando el primer lugar en América Latina en prevalencia de desnutrición crónica , a pesar de la adopción de programas como el Plan Hambre Cero. La Misión lamenta el enfoque predominantemente asistencialista de dichos programas, que no son acompañados de recursos adecuados o medidas efectivas para abordar las causas estructurales de la pobreza y del hambre. Asimismo, se constata una ineficacia y falta de coordinación entre las instituciones y estructuras del Estado a nivel nacional y local, y de coherencia de las políticas públicas con los derechos humanos, como ilustra el incumplimiento de la sentencia de Camotán.

Como se desprende de los testimonios recogidos, se constata que una de las principales causas de las violaciones del DAA está relacionada con la falta de acceso y control sobre los recursos naturales, como tierra, agua y bosques por parte de las comunidades campesinas e indígenas y otros pequeños productores y productoras de alimentos. Esto es en gran medida el resultado del fomento de un modelo de desarrollo basado en los proyectos extractivos (minería, hidroeléctricas y monocultivos para exportación de agrocombustibles y alimentos). En el caso de proyectos de minería e hidroeléctricas, licencias han sido otorgadas sin consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, o sin respetar el resultado de consultas realizadas. Otra área de preocupación es la ausencia de estudios de impacto ambiental, social y de derechos humanos que sean imparciales y cumplan con estándares internacionales. La Misión observó esta problemática en los casos de San Rafael Las Flores. En el caso de la posible implementación del proyecto hidroeléctrico de Xalalá, las comunidades no cuentan con información adecuada, ni han sido consultadas de manera adecuada. Se urge al Estado de Guatemala a garantizar el derecho a la consulta y reconocer la legitimidad de las consultas realizadas por las comunidades, de acuerdo con el Convenio N° 169 de la OIT. En el mismo sentido recordamos al Estado su responsabilidad de proporcionar información veraz, completa y objetiva sobre temas de interés de las comunidades.

La expansión de los monocultivos agroindustriales está desplazando de forma acelerada a la agricultura de pequeña escala, afectando la soberanía alimentaria y los derechos del campesinado y otras poblaciones rurales. En algunos casos el acaparamiento de tierras también ocasiona desalojos, como ha ocurrido en La Blanca. En la mayoría de los casos, las familias desalojadas carecen de acceso a servicios básicos, como salud y educación, y a medios de producción, lo cual evidenciamos en el Valle del Polochic. Tales situaciones se dan en un contexto de incertidumbre jurídica generalizada sobre la tenencia de la tierra. En este sentido reiteramos la solicitud realizada en 2010 por la Misión de adoptar la propuesta de la iniciativa de Ley 4084 (Ley de Desarrollo Rural Integral), ampliamente promovida y exigida por el movimiento campesino y otros sectores, e instamos al Estado a garantizar la implementación de las Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques de manera transversal.

Otro factor de preocupación en relación con proyectos extractivos es la contaminación y el impacto sobre el agua y otros recursos naturales. Esto se evidenció en las visitas a los casos de San Rafael Las Flores, el Valle del Polochic y La Blanca. La Misión insta al Estado de Guatemala a fortalecer las capacidades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a fin de garantizar la coherencia de sus políticas y acciones con los estándares internacionales de derechos humanos y el uso responsable de los recursos naturales, en particular en la aprobación de los estudios de impacto y la otorgación de licencias, en línea con las recomendaciones de noviembre de 2014 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

La Misión observa con preocupación que el Estado no está cumpliendo plenamente con su deber de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. Esta situación se expresa, entre otros, en su incapacidad de garantizar las condiciones necesarias para un diálogo en igualdad de condiciones y de buena fe con las comunidades, como se ha verificado en el caso de La Puya. Asimismo, hemos constatado que empresas privadas están asumiendo la competencia estatal de mantener el orden público o influenciando indebidamente áreas públicas como la educación y la salud. En muchas ocasiones esto profundiza la división en las comunidades y contribuye a la desconfianza de las comunidades hacia las instituciones del Estado. La Misión ha recibido información sobre casos de discriminación en el acceso a la educación, el trabajo y programas sociales contra personas que se oponen a la implementación de proyectos extractivos, por ejemplo en San Rafael Las Flores y el Valle del Polochic.

A la Misión le preocupa profundamente el aumento de la estigmatización, amenaza, violencia y criminalización por parte del Estado y otros actores hacia las personas defensoras de derechos humanos, desde la última visita realizada en 2010. La criminalización, que afecta especialmente a aquellas personas que defienden los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), se caracteriza por la falta del debido proceso y el incumplimiento del principio de proporcionalidad en la aplicación del derecho penal. Además, la mayoría de los ataques contra defensores y defensoras quedan impunes, debido a la ineficacia y parcialidad del sistema de justicia. Hemos asimismo recibido información sobre campañas de difamación contra organizaciones internacionales en distintos medios de comunicación.

Varias comunidades han denunciado ante la Misión el uso excesivo de la fuerza, la militarización y el abuso de estados de excepción como respuesta estatal a la defensa de sus derechos, como por ejemplo en el caso de La Puya. Además, hemos sido informados sobre el involucramiento de fuerzas de seguridad privada en ámbitos de competencia de las fuerzas de seguridad pública.

Enfatizamos la situación de las mujeres, que son particularmente afectadas por violaciones del derecho a la alimentación, a la tierra, al agua y a la vivienda, ya que generalmente son las encargadas de la provisión y preparación de alimentos y otras actividades. Resaltamos el papel particular de las mujeres en la resistencia y notamos con preocupación los ataques violentos contra ellas.

Observamos una continuidad en la atención y el apoyo de la cooperación internacional a la problemática de la inseguridad alimentaria en Guatemala. Sin embargo, se debe asegurar que ésta se oriente a abordar las causas generadoras del hambre y la pobreza, desde un enfoque de derechos humanos. Expresamos nuestra profunda inquietud sobre la falta de coherencia de la política comercial exterior de la Unión Europea con los derechos humanos, especialmente en el marco del acuerdo de asociación con Centroamérica. Instamos a la comunidad internacional a fortalecer sus esfuerzos para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Agradecemos a las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, las autoridades estatales y la comunidad internacional por su apoyo en la preparación y realización de esta misión, que presentará su informe ante las autoridades estatales, las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Unión Europea en la primera mitad de 2015.

Guatemala, 3 de diciembre de 2014