Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

Defender los Derechos Humanos: entre el compromiso y el riesgo

Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México

El presente informe temático se inscribe dentro del mandato de seguimiento de la situación de los derechos humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACN UDH). Sus objetivos son impulsar la implementación de las recomendaciones que diversos organismos internacionales han formulado al Estado mexicano en la materia; visibilizar y reconocer la labor que desempeñan las y los defensores; identificar los obstáculos, riesgos y retos que enfrentan; y fortalecer al Estado mexicano en su deber de crear las condiciones necesarias para que en México se pueda ejercer plenamente el derecho a defender los derechos humanos.

El informe se sustenta en los eventos de agresión y obstaculización en contra de las y los defensores registrados por la OACNUDH en el periodo que va de enero de 2006 hasta agosto de 2009; en las visitas que realizó a 10 entidades federativas con el fin de reunirse con defensoras y defensores y con las autoridades locales; en las respuestas que organizaciones de derechos humanos, organismos públicos y periodistas hicieron a los cuestionarios enviados por la OACNUDH; y en el intercambio de información con las organizaciones de derechos humanos que trabajan a nivel nacional, así como con las dependencias que a nivel federal se vinculan con el trabajo de las y los defensores.

Uno de los principales retos que las y los defensores enfrentan consiste en que su labor no está debidamente reconocida ni valorada por las autoridades y la sociedad en general. Las y los defensores tienen que hacer frente a muchos de los prejuicios que aún subsisten en torno a los derechos humanos. No se han valorado las aportaciones que hacen con su actividad al fortalecimiento de la democracia, al combate de la impunidad, a la protección de los derechos de las víctimas, a generar espacios de diálogo y rendición de cuentas, a dar voz a los que no la tienen y, en general, a trabajar por una sociedad más justa. La falta del debido reconocimiento los coloca ya en una situación de vulnerabilidad.

Las y los defensores se destacan por su compromiso, su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias y su habilidad para aprovechar las herramientas nacionales e internacionales para defender los derechos. Se trata de un movimiento activo, al cual cada vez se incorpora un número mayor de personas con capacidades profesionales más sólidas y que ha logrado abarcar una gran diversidad temática, así como crear redes que potencian su trabajo. La restricción de recursos es tal vez su principal limitante, aunada a la concentración de oportunidades en el Distrito Federal y las asimetrías que esto genera. Sigue siendo un reto trabajar al interior de algunas organizaciones para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar los prejuicios y conductas machistas y asegurar la incorporación de la perspectiva de género en sus actividades.

Su trabajo se desempeña en un contexto adverso, en el que se enfrentan con altos niveles de violencia e inseguridad, con zonas de penumbra en las cuales no han logrado permear las transformaciones democráticas experimentadas en el país en los últimos años, con resistencias y prejuicios planteados por algunos sectores sociales renuentes a los cambios en el orden moral y social, así como con un modelo económico que al no lograr reducir las brechas de desigualdad, genera enfrentamientos entre los intereses de grupos económicos y los derechos de aquellas personas que se encuentran marginadas de los beneficios del desarrollo.

Debido al contexto anterior, su labor de defensa resulta incómoda para algunos grupos, que con el fin de frenar su actividad, han recurrido a agresiones de diversa naturaleza. Los eventos de agresión y obstaculización registrados por la OACNUDH permiten hablar de una situación de riesgo en la que las y los defensores han sido víctimas de amenazas, actos de hostigamiento, injerencias arbitrarias, uso arbitrario del sistema penal e, incluso, violaciones a sus derechos a la vida, la integridad, libertad y seguridad personal relacionadas presuntamente por su actividad de defensa. En poco más de la mitad de las agresiones y obstáculos fue imposible identificar a los perpetradores; en el resto destaca la participación de autoridades, especialmente locales, de procuración y administración de justicia, así como de agentes no estatales vinculados a la delincuencia organizada que presuntamente actúan con la aquiescencia o tolerancia de las autoridades.

El incremento de la violencia ha intensificado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública constituye un nuevo reto para el trabajo de defensa, por lo que resulta fundamental fortalecer el control de las autoridades civiles y los mecanismos de diálogo. La impunidad constituye el factor que en mayor medida aumenta el riesgo de las y los defensores, pues los deja en una situación de indefensión y desprotección. Del total de casos registrados sólo en el 1.5 % se había logrado procesar y sancionar a los responsables.

El informe da cuenta del reto que enfrentan las y los defensores de personas migrantes frente a la actividad de extorsión y secuestro de parte del crimen organizado; los desafíos en la defensa de los recursos naturales que enfrentan especialmente las y los defensores de los pueblos indígenas; la falta de recursos jurídicos efectivos que restringe el trabajo de las y los defensores de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; las adversidades culturales y políticas que tienen que enfrentar las defensoras de derechos humanos, especialmente en su defensa de los derechos de las mujeres, así como el incremento del riesgo que corren las y los periodistas cuando dan cobertura a diversas situaciones de derechos humanos.

También analiza algunas de las restricciones que las y los defensores enfrentan en el ejercicio de tres derechos que resultan fundamentales para su labor de defensa: el acceso a la justicia, el derecho a la protesta social y la libertad de expresión.

El informe realiza un análisis de cuál ha sido la respuesta del Estado, en sus tres niveles de gobierno, a la situación de las y los defensores. El Estado mexicano ha dado pasos importantes en la construcción de una institucionalidad capaz de generar las condiciones aptas para ejercer el derecho a defender derechos. En particular destaca la incorporación de tres líneas de acción en el Programa Nacional de Derechos Humanos y la apertura de algunos espacios de diálogo y participación, sobre todo en el nivel federal. Sin embargo, aún no se termina de articular una política pública integral que tanto a nivel federal como estatal sea capaz de abrir espacios de interlocución efectivos, que pueda adoptar las medidas de prevención necesarias, reducir y eliminar los factores de riesgo, responder en tiempo a las situaciones de agresión en contra de las y los defensores, e implementar medidas urgentes de protección.

La acción del Estado frente a las y los defensores se enfoca casi exclusivamente en la implementación de las medidas de protección otorgadas por los organismos internacionales, con el riesgo de que la maquinaria institucional a nivel nacional sólo sea activada cuando se acude a instancias internacionales.

En contadas ocasiones, la figura de los ombudsman ha llegado a tener un impacto positivo en el fortalecimiento de la labor de las y los defensores. En la mayoría de los casos la labor de los organismos públicos y de las y los defensores no se ha planteado desde una estrategia común e, incluso, se han presentado situaciones de polarización que minan el trabajo de ambos actores. El informe analiza cómo la situación de las y los defensores no se encuentra del todo visibilizada en las actividades cotidianas de la mayoría de los organismos públicos analizados y cómo, en ocasiones, debido a la falta de independencia y autonomía los organismos públicos han fallado en demostrar una actitud pro activa para atender la situación de las y los defensores.

Finalmente, como resultado del análisis, la OACNUDH formula diez recomendaciones dirigidas al Gobierno Federal y a los Gobiernos de las entidades federativas, a los organismos públicos de derechos humanos, a la comunidad internacional, a la sociedad civil y a los medios de comunicación.