Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

México es un país peligroso para defender los derechos humanos. Este informe destaca más de 15 casos de amenazas y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos perpetrados entre 2007 y 2009. Otras organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos han documentado muchos más casos.

Los casos abarcados por Amnistía Internacional incluyen homicidios, detenciones indebidas, encarcelamientos por cargos penales falsos, acoso e intimidación. Los casos de este informe muestran que los responsables de los abusos que sufren quienes defienden los derechos humanos son en ocasiones autoridades locales, estatales o federales. Las autoridades son en ocasiones quienes presentan cargos falsos contra defensores y defensoras de los derechos humanos y los procesan indebidamente, simplemente para castigarlos por su defensa de los derechos humanos. En otros casos, los presuntos abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos son perpetrados por personas no identificadas. En estos casos, las autoridades estatales y federales suelen ser lentas tanto en la respuesta como en la investigación, lo que agrava aún más los abusos.

Los defensores y las defensoras de los derechos humanos trabajan para proteger y hacer realidad los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos universalmente. Actúan de muchas maneras diferentes y desde distintas competencias para proteger y promover los derechos humanos. Lo que tienen en común es que defienden el principio de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición. También comparten un compromiso de respetar en sus propias acciones los derechos y libertades de otras personas. Sea cual sea el enfoque específico de su trabajo, deben gozar de pleno reconocimiento, respeto y protección de sus derechos, conforme establece la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (en adelante, Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos).

El 9 de diciembre de 1998, en vísperas del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Con ella, los Estados miembros de la ONU reafirmaban los ideales consagrados en la Declaración Universal y reconocían tanto el valioso trabajo de quienes contribuyen a la realización efectiva de los derechos humanos como la necesidad de respaldar y proteger a estas personas.

La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos es un conjunto de principios, basado en normas jurídicas consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos, adoptado por todos los miembros de la ONU mediante su participación en la Asamblea General, incluido México. Dos años después de adoptarse la Declaración, se nombró un representante especial para promover su aplicación. En 2008 se dio a este mandato el nuevo título de relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Su responsabilidad principal seguía siendo apoyar la aplicación de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, reunir información sobre la situación real de los defensores y defensoras de todo el mundo y recomendar estrategias efectivas para brindarles una mejor protección.

Todos los años, los gobiernos de América, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconocen la importancia de las personas, los grupos y las ONG que promueven los derechos humanos; para ello adoptan una resolución que pide a los Estados que presten atención urgente a garantizar que los defensores y las defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo de promoción y protección de estos derechos.

La gran mayoría de los casos examinados eneste informe se refieren a violaciones de derechos humanos contra defensores y defensoras que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, incluidas la pobreza y las cuestiones medioambientales. La defensa de estos derechos plantea desafíos especiales, ya que históricamente se han considerado menos importantes que otros derechos. Quienes trabajan para fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales se enfrentan a menudo a poderosos intereses económicos, y están expuestos a ataques. Los casos de este informe demuestran con qué frecuencia esos ataques son cometidos por individuos o agentes no estatales que, a menudo, no rinden cuentas de sus actos, o por agentes estatales que en parte defienden y protegen intereses económicos.

Pese a que algunos se enfrentan a una severa represión, los defensores y las defensoras que trabajan sobre los derechos económicos, sociales y culturales en México siguen luchando por la justicia, la dignidad y los derechos humanos. A menudo, sus demandas se malinterpretan como demandas meramente políticas, y no como reclamaciones legítimas de derechos humanos. La negación de los derechos económicos, sociales y culturales en algunos sectores de la sociedad mexicana han impulsado a la gente a actuar. Este es el caso, por ejemplo, de algunas comunidades indígenas y campesinas cuyos esfuerzos por proteger sus derechos han sido a menudo recibidos con indiferencia o con represión. Los defensores y las defensoras indígenas de los derechos humanos deben hacer frente no sólo a la discriminación y exclusión que sufren sus comunidades, sino también a los peligros adicionales derivados de defender activamente los derechos humanos.

Este informe forma parte del trabajo continuado de Amnistía Internacional no sólo para detener los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, sino también para aumentar el reconocimiento de la importancia crucial de su trabajo. Todos los defensores y las defensoras de los derechos humanos tienen derecho a una protección adecuada, y Amnistía internacional se ha comprometido a asegurar que esta protección sea incluyente y abarque a los defensores y a las defensoras indígenas de los derechos humanos y a quienes defienden los derechos económicos, sociales y culturales, así como a quienes defienden los derechos civiles y políticos.

El informe concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades estatales y federales de México. Un elemento clave debe ser abordar la impunidad, que en México es endémica. La impunidad en casos de abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos fomenta un clima de intimidación, temor e inseguridad.